"Aplicar una lógica de mercado para enfrentar la migración, -como un manejo de masas sin rostro- deviene en una política que se concentra en el aspecto económico de un proceso mucho más complejo".

Por Vicente Rodriguez, co-Director de Migramigos, y Nicolas Duarte, voluntario Migramigos

Foto por Mario Dávila|Agencia Uno

El pasado lunes 9 de abril, el presidente Sebastián Piñera hizo estreno de sus medidas en materia de migración. Mediante indicaciones, se reinició la tramitación al criticado proyecto de ley migratoria presentado hace 5 años, durante el primer mandato de Piñera, y así mismo, se utilizó la vía administrativa para aplicar medidas que entrarán en vigor dentro del mismo mes de abril.

Dentro estas últimas, se encuentra el proceso de regularización extraordinaria, que en el pasado ha beneficiado tanto a la comunidad migrante como al Estado, en cuanto permite cuantificar el fenómeno, controlar las condiciones de los migrantes para integrarse a la sociedad, y garantizar el acceso a los servicios estatales. Sin embargo, la poca claridad, la entrega de información por goteo a la ciudadanía y la forma jurídica adoptada por el gobierno nos parece preocupante.

Este proceso de regularización extraordinaria fue establecido por la autoridad mediante una resolución exenta, es decir, a través de un acto administrativo que no es sometido a la toma de razón por parte de la contraloría y por lo tanto no está sujeta a ningún control. Consideramos que las atribuciones o competencias del ejecutivo para dictar normas que dicen relación con los derechos fundamentales de las personas migrantes no debiesen ser ejercidas por vía administrativa, sino que, es el legislador quien debe asegurar el consenso democrático respecto a las medidas que se están adoptando.

Más aún, la participación democrática respecto a estas nuevas medidas es completamente desechada por el gobierno, cuando el 6 de abril (días antes del anuncio) se ordena la disolución del Consejo Consultivo de Migraciones, compuesto por organizaciones migrantes, fundaciones y académicos, que asesoraba al Departamento de Extranjería en políticas migratorias, según obliga la Ley 20.500 de participación ciudadana.

De esta manera y entre cuatro paredes, el gobierno ha optado por enfrentar la migración mediante un concepto familiar para los analistas económicos: el costo hundido.

Actualmente, la mayoría de las órdenes de expulsión no se llevan a cabo debido al costo y esfuerzo excesivo que conlleva para el Estado, por lo tanto, fue más lógico “hacer la pérdida”, y diseñar un proceso de regularización masiva. El no acompañar esta política con medidas permanentes de regularización, desnuda, en primer lugar, el desinterés del gobierno en avanzar en mejores condiciones para los migrantes y, en segundo lugar, la evidente mentalidad economicista y tecnocrática con la que el gobierno enfrenta este fenómeno. Esto se refleja, por ejemplo, en que se haya nombrado un Ingeniero Civil Industrial como jefe del Departamento de Extranjería.

Aplicar una lógica de mercado para enfrentar la migración, -como un manejo de masas sin rostro- deviene en una política que se concentra en el aspecto económico de un proceso mucho más complejo, tanto en las causas, como en los efectos que se producen cuando una sociedad “mono cultural”  se ve permeada por nuevos grupos que van adquiriendo influencia.

Estas maneras de responder al fenómeno migratorio parecieran ser un adelanto de cómo se viene la gestión del segundo gobierno de Piñera, legislando con ausencia de legislador, mediante actos administrativos que no van a poder ser cuestionados, y ejerciendo la potestad presidencial hasta el punto de hacernos dudar de la legalidad de sus medidas. Cabe recordar a Sebastián Piñera que la administración del Estado frente a problemáticas sociales no debe ser puramente económica, sino que debe ser integral, fomentando la participación democrática, y no límitandola.

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