"Permitir que figuras públicas avalen prácticas de tortura es perpetuar la lógica detrás del incendio de San Miguel, esa que ve a las personas presas como basura y que se merecen los peores castigos que puedan existir".

Por Benjamín Cortés Escobedo, estudiante de la Universidad de Chile

Fotografía por Iván Alvarado

Camilo Arriagada tenía 22 años cuando murió en el incendio de la torre cinco en la cárcel de San Miguel el 2010. Se encontraba cumpliendo condena por vender películas piratas, 61 días le dieron. Este domingo el programa "Efecto Mariposa, lo que nunca pudiste saber" recordó la tragedia. Hablaba de las historias de algunos de los reos, las fallas técnicas a la hora de enfrentar el incendio, la ausencia de red seca, el hacinamiento y lo horroroso que fue el paso del fuego a través de las celdas.

En el programa se da un gran espacio para relatar cómo un gendarme hizo palanca para abrir una de las puertas, escena que no se compara al tratamiento que se da a las pruebas, las que demuestran el nefasto actuar de la institución durante el incendio.

No se ahonda más allá el hecho de que comenzaron a actuar luego de un par de horas que se iniciara el incendio, ignorando los gritos de auxilio de los internos. No se cuestiona que los bomberos llegaran cerca de las 6 de la mañana, gracias al llamado de uno de los reos, cuando el incendio comenzó pasado las 3. Se silencia el hecho de que dejaron morir a 81 personas solo por el hecho de estar presos y ser considerados como la escoria que ensucia a esta sociedad.

De todo el trabajo periodístico y policial relacionado al tema, ninguno ha abordado la lógica detrás de la tragedia y se limita a solo tratar las fallas técnicas que hicieron que el incendio fuera tan fatal. Es más, el 2014, los 8 imputados por el incendio fueron absueltos de sus cargos, dejando impune el crimen más grande de la historia carcelaria de Chile.

Hoy, luego de la difusión de la tortura hacia dos reos dentro de una cárcel, los medios de comunicación se encargan de poner en el debate un cuestionamiento tan enfermo como lo es si los reos deberían tener derechos básicos.

El solo hecho de que nos estemos preguntando esto demuestra que no hemos aprendido nada. Permitir que figuras públicas avalen prácticas de tortura es perpetuar la lógica detrás del incendio de San Miguel, esa que ve a las personas presas como basura y que se merecen los peores castigos que puedan existir. Una doctrina que cae sobre los hombros de las familias que, todos los 8 de cada mes, se reúnen afuera de la cárcel para recordar a sus familiares asesinados durante esa noche, buscando un poco de consuelo por esa justicia que no llegó y que la sociedad se encarga de recordar que no llegará.

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