Según datos de la encuesta Plaza Pública Cadem, de fines del mes de septiembre sólo un 39% de las y los consultados apoya la aplicación de la Ley en hechos que involucran al pueblo Mapuche.

Por Patricio Contreras
Foto por Andrea Valderrama 

La Ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista, es una ley chilena promulgada en 1984 que busca aumentar las penas a delitos establecidos en el Código Penal si son realizados en contextos denominados como “terroristas”, siendo una de las leyes más controvertidas del último tiempo. 

Dicha Ley cita que los delitos de homicidio, lesiones, secuestro y sustracción de menores, envío de encomiendas explosivas, incendios y estragos, infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento, serán definidos como terroristas si se comete “con la finalidad de producir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie”.  

La Ley puede doblar las penas de las y los imputados y conlleva una fuerte política de protección de testigos, lo que permite el uso de testimonios anónimos en el proceso. También tiene la facultad de extender la prisión preventiva de las y los imputados si se estima necesario para la investigación.  

Respecto a la extensión de las medidas cautelares el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, explica que “en el momento en que se pida la libertad de quien está en prisión preventiva por Ley Antiterrorista, la Corte de Apelaciones tiene que estar a favor en unanimidad, mientras que en un delito común son tres de diez miembros de la Corte. Existe un régimen más estricto para obtener la libertad”.

En el marco del Congreso Internacional “Inocentes encarcelados: Una mirada latinoamericana”, desde la Defensoría Nacional se refirieron al aumento del uso de la prisión preventiva y realizaron un llamado al debate “sobre la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, especialmente de quienes integran colectivos vulnerables como migrantes, mujeres, adolescentes, pueblos originarios y personas en situación de pobreza”. 

La Ley surgió a partir de una ola de protestas en contra de la dictadura de Augusto Pinochet y fue creada con propósitos netamente ideológicos, posteriormente fueron modificados habiendo sido sometida a reformas en seis ocasiones. Sin embargo, su aplicación sigue más vigente que nunca.  

La primera vez que se invocó fue en 2002, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos se querelló en contra de integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en el marco de movilizaciones mapuche por la recuperación de tierras y derechos políticos, siendo absueltos todos los imputados e imputadas tras un año en prisión preventiva. 

Según datos entregados en oficio por el ex candidato presidencial, Alejandro Navarro, hasta octubre más de 70 comuneras y comuneros mapuche han sido absueltos en los últimos doce años tras procesos donde fue aplicada la Ley Antiterrorista, incluidos los imputados en la “Operación Huracán”. 

Su aplicación ha generado críticas hacia el Ejecutivo en muchas oportunidades. Durante el gobierno de Sebastián Piñera la polémica la protagonizó el entonces Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien intentó invocarla en varias ocasiones contra comuneros mapuches despertando el descontento social. 

En el caso de Michelle Bachelet, en 2006 en el marco de la IV Cumbre Eurolatinoamericana en Viena, prometió no aplicar la Ley Antiterrorista. No obstante, durante su gestión, entre 2008 y 2010 fue invocada en más de siete causas. 

En el 2013 la Presidenta aseguró que “fue un error” invocarla anteriormente. De esta manera, en 2014 encargó a una comisión para modificar dicha Ley, sin embargo, las sugerencias fueron desechadas y durante su segundo gobierno ya ha sido invocada en 22 causas, de las cuales siete están localizadas en la región de La Araucanía. 

El vocero de la Comunidad Rankilko del sector de Bajo Malleco, Rodrigo Curipán, criticó la labor del Ejecutivo en cuanto al tratamiento de la Ley y la resolución de conflictos, recalcando que el Estado “tiene que establecer mecanismos de entendimiento hacia los mapuche que no sean paternalistas, que no sean instituciones creadas por Estado para entenderse con el Estado, sino que sea la institucionalidad del Estado entendiéndose con la institucionalidad propia mapuche”. 

Representantes de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) se han declarado en contra de su aplicación. En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó en 2014 un fallo histórico a favor de la reparación y defensa de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, a diez años de que fueran condenados a cinco años de presidio bajo los cargos de “amenaza de incendio terrorista”, en 2003.

A fines de octubre, desde el Ministerio del Interior anunciaron una nueva reforma a la Ley que pretende facilitar su aplicación. Actualmente, sigue siendo aplicada y altamente debatida, tanto desde el Gobierno como desde la sociedad civil, quienes, según las encuestas, siguen viendo en ella un mecanismo de persecución política similar a lo que fue en 1984.

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